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Una explicación

Con previsible revuelo mediático y social, acaba de hacerse pública la listas de diputados y senadores que, tras finalizar su mandato en las Cortes, hemos solicitado la indemnización por cese prevista en la normativa vigente. Una norma que se modificó recientemente haciendo incompatible el cobro de esta indemnización con cualquier otro tipo de ingreso.
Comenzaré diciendo que entiendo la reacción. Cuando el tratamiento de unas personas es diferente al del resto, se requiere como mínimo de una explicación, de no ser así, algo no está bien hecho.

Quienes voluntariamente optamos y aceptamos convertirnos en representantes públicos, no somos empleados, no es un puesto de trabajo, y por consiguiente, no existe una relación laboral ordinaria con el parlamento. No existen por tanto ni los derechos ni las obligaciones laborales.
Sin embargo, la exigencia de dedicación exclusiva y el lógico régimen de incompatibilidades es cada vez mayor. Esto hace que la posibilidad de volver a la actividad laboral en el caso de no ser funcionario público o dedicarse a la explotación de tu patrimonio, no siempre sea sencilla.
Si la relación laboral con las cortes fuera ordinaria, al finalizar ese tiempo de dedicación exclusiva se podría acceder a la prestación por desempleo, una prestación que en caso de haber estado cotizando durante los 6 años anteriores a la pérdida del trabajo podría ser de hasta 2 años.
Pero al ser no existir esa relación laboral, no existe tampoco la posibilidad de cotización, ni la prestación por desempleo.
En mi caso, como en otros tantos, desde el minuto uno mi actividad parlamentaria ha sido en exclusiva (si eso hubiera sido lo general, se hubiera evitado por ejemplo esas extrañas comisiones del aún diputado Gómez de la Serna) habiendo perdido por tanto la posibilidad de acceder a reclamar la prestación por desempleo acumulada con anterioridad.
Es por esto que, evitando señalamientos de puertas giratorias o enchufismos, me acogí a la indemnización prevista por el Congreso durante 4 meses, un periodo menor al que hubiera correspondido en una situación normal.
Sin duda estos 4 años han sido muy intensos, y por voluntad propia dedicados a ejercer la actividad política del modo más digno posible, preferí pelearme con los bancos contra contratos injustos, y tratar de recuperar derechos ciudadanos e inversiones, en lugar de dedicar mi tiempo a las inversiones futuras de mis bolsillos.
Seguramente si el régimen laboral de diputados y senadores fuera un contrato normal de duración determinada, esto sería más fácil de entender, y en nuestra responsabilidad estaba haberlo modificado. Se hizo durante este tiempo para alcaldes y concejales, pero no es así para los cargos del legislativo.
Deberíamos hacer lo posible para evitar tener que seguir recurriendo a aquella frase de Don Pablo, alcalde en Bienvenido Mr Marshall, de “os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a pagar” pero mientras se hace y no, yo doy la mía. No todo es igual.

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