La pasada semana los Registradores dieron a conocer por fin datos certeros de las ejecuciones hipotecarias en nuestro país. Más de 30.000 familias, una cada 15 minutos, perdió su vivienda habitual en 2012. Familias víctimas de un procedimiento de ejecución hipotecaria sentenciado injusto y desequilibrado en favor del acreedor, de un mercado de vivienda hinchado por la burbuja inmobiliaria y de la una crisis económica que cae con especial dureza sobre estas familias.
En esta circunstancia es lógico que la ciudadanía sea especialmente exigente con las repuestas que la política tiene la obligación de dar, solo desde las reformas normativas se pueden dar soluciones y garantías reales a este problema. Es imprescindible tomar decisiones valientes y determinantes que protejan a las familias, como las que la semana pasada adoptaba la Junta de Andalucía. Parar las ejecuciones, acabar todos los desequilibrios y prácticas abusivas, dar una oportunidad para la renegociación de las deudas con mediación pública, evitar que la pérdida de la vivienda arrastre además una deuda de por vida, y crear una política de vivienda que mediante un fondo social de gestión pública permita atender el derecho a techo de los ciudadanos que se vean privados de él, seguirán siendo los reclamos del Grupo Parlamentario Socialista. Es posible, es viable y se debe hacer.
Pero ninguno de estos aparecen con determinación en el texto que en este momento parece dispuesto a aprobar el Partido Popular. Tras un procedimiento legislativo tramposo, en el que ha desaparecido por completo la Iniciativa Legislativa Popular aprobada por unanimidad en el Pleno, la reforma que se nos plantea, al dictado de la banca, frustrará las expectativas de los afectados, falta voluntad política.
Es cierto que las medidas tomadas hasta ahora son muy insuficientes, lo fueron también la legislatura pasada, y el error en las decisiones nos obliga aún más. Pero para a los que tanto les gusta hablar de herencias que también recuerden que el grueso de procedimiento de ejecución hipotecaria está basado fundamentalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, al igual que la tras la burbuja inmobiliaria se esconden las políticas de suelo de finales de los 90. Pero no es tiempo de reproches y lamentaciones, sí de aprendizajes, responsabilidades y respuestas. En estas nos encontrarán, aportando nuevas iniciativas, y gestionando oportunidades reales, allá donde tengamos la oportunidad.
Comentarios